El Departamento de Políticas Migratorias y Justicia del Gobierno de Navarra, impulsará programas de inserción laboral de personas reclusas y ex reclusas residentes en la Comunidad foral mediante fórmulas empresariales de Economía Social como cooperativas de trabajo asociado. Así lo acordaron recientemente el consejero Eduardo Santos y la ministra de Trabajo y Economía Social del Gobierno de España, Yolanda Díaz.
El convenio firmado entre ambos en Madrid tiene como objetivo facilitar y motivar la creación de cooperativas de trabajo dentro y fuera del contexto de los centros penitenciarios. Asimismo incluye la implementación de otras fórmulas de economía social, especialmente centradas en la transición ecológica.
Para Eduardo Santos, este proyecto de colaboración «es verdaderamente innovador y transformador» ya que cambia el paradigma de los trabajos que desarrolla la población reclusa dentro de las prisiones y les prepara para la vida en libertad «aportando trabajos de valor añadido a la sociedad». Santos también valoró la apuesta por las cooperativas de trabajo que contempla esta iniciativa «como estructura de organización empresarial democrática, solidaria y social”.
Por su parte, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, mostró su “profunda satisfacción” por esta iniciativa. «Las cooperativas de trabajo, en concreto, y la economía social, en general, son formas de organización empresarial profundamente democráticas, con fuerte compromiso social y que fomentan el empleo de calidad y, por ello, son estructuras laborales directamente orientadas a la reeducación y reinserción social de las personas que han cometido delitos”, subrayó.
UN MODELO INNOVADOR
La creación de cooperativas de trabajo de personas presas es un modelo totalmente innovador. En primer lugar, porque contempla que esas cooperativas que se creen estarán compuestas por personas socias en diferentes fases de cumplimiento de sus penas. Y, además, participarían hombres y mujeres, rompiendo roles de género sexistas y normalizando las actividades mixtas en prisión.
A partir de ahí, por un lado, estarían aquellas socias y socios que están en prisión, cumpliendo sus penas y que realizarían alguna actividad laboral en talleres que están en el interior del centro penitenciario. Por el otro, aquellas personas que podrían ser socias de las cooperativas desde el exterior del centro penitenciario en tercer grado, libertad condicional o en libertad definitiva, es decir, personas exreclusas.
Además, mediante este modelo las personas socias de la cooperativa contarían con el apoyo de un equipo multidisciplinar de inserción respaldadas por la Administración, tanto la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias como el Gobierno de Navarra, que participarían en el Consejo Rector.
ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
La actividad económica que realizarán las posibles cooperativas que puedan surgir al hilo de este proyecto se decidirá mediante el proceso participativo de creación de la misma, tras llevar a cabo un adecuado análisis de viabilidad. Sin embargo, se fomentará que estén relacionadas íntimamente con las posibilidades que representa en estos momentos la economía ecológica.
Algunos ejemplos propuestos son desde el reciclaje de palas de aerogeneradores, así como la instalación de placas solares en las cubiertas de las prisiones, empezando por el Centro Penitenciario de Navarra. Este modelo de cooperativa permitiría, por ejemplo, el autoconsumo del propio establecimiento y la venta de la energía sobrante a la red, generando espacios descentralizados de producción de electricidad. La cooperativa de trabajo podría continuar instalando estas placas solares en otros edificios de titularidad pública o privada, teniendo preferencia en la adjudicación de contratos públicos por su condición de empresa de inserción.